SIGUE LA INVESTIGACION A CONSTRUCUATRO.

Dos agencias culpan a C

onstrucuatro por cobrar sobreprecios.
Las comisiones se justificaban por mejoras en las viviendas protegidas.
Junto al relato de los propietarios del edificio Castelao, en Vigo, y las cintas de las dos conversaciones grabadas con micrófono oculto a un intermediario que revelan la existencia de las comisiones ilegales, la causa abierta en el juzgado vigués contra la promotora Construcuatro por el cobro de sobreprecios en pisos protegidos contiene ya la versión que los responsables de las inmobiliarias Veiga y Silva -que participaron en la compraventa de los inmuebles- ofrecieron a la Consellerí­a de Vivenda.
En las respuestas al cuestionario planteado por el instructor de la consellerí­a, los propietarios de las dos agencias negaron haber percibido, ni siquiera reclamado, sobreprecios a cambio de vender las viviendas de protección oficial y trasladaron la responsabilidad a la promotora en la que el presidente del PP en Pontevedra, Telmo Martí­n, figura como consejero delegado y copropietario. El primero en comparecer, José Luis Veiga Rodrí­guez, dueño de la inmobiliaria Veiga, señaló que los inmuebles, en cuyo traspaso negó haber participado, se vendí­an "al precio que fijan por metro cuadrado los planes estatales de vivienda". Dicho esto, Veiga admitió que "el importe de los pisos variaba en función de la altura", una práctica prohibida por la legislación que constituye al mismo tiempo una evidencia del cobro de comisiones ilegales en el edificio de San Paio de Navia.
No fue la única contradicción en su testimonio que han advertido los investigadores. A preguntas de los responsables de Vivenda, Veiga, a quien varios compradores habí­an identificado como la persona que les vendió los pisos, rechazó haber "prestado servicios a Construcuatro", si bien reconoció: "Algunas personas interesadas me pidieron que los recomendase a Construcuatro para que les vendiese los pisos". Según él mismo admite, ese trámite lo realizó ante el "señor Torres", en referencia a José Manuel Torres Garcí­a, copropietario de la promotora y a quien al menos dos compradores acusan de haberles cobrado en mano distintas cantidades en dinero negro.
Según su relato, Veiga no percibió ni un euro por esa gestión. Tampoco cobró, según se deduce de sus palabras, por "prestar un despacho de su agencia para que Construcuatro pudiera cerrar las operaciones en Vigo sin obligar a sus clientes a desplazarse a la sede de su oficina en Pontevedra".Cuestionado sobre si en algún momento recibió dinero por encima del precio tasado, el propietario de la inmobiliaria Veiga señaló: "No lo hice pero me consta que algunos clientes solicitaban algunas mejoras y le pagaban [a Construcuatro] por ellas" . La supuesta realización de obras no incluidas en la memoria es también el hilo argumental del segundo declarante.
En su testimonio en la consellerí­a, que también figura en las diligencias judiciales, el representante de la agencia Silva eludió cualquier responsabilidad. Jesús Fernando Silva Portela, que se presentó como "agente de la propiedad inmobiliaria", asumió su papel como intermediario pero negó haber cobrado o exigido comisiones ilegales. "Construcuatro me pidió que actuara como mediador de unas viviendas que tení­an una mejoras muy buenas", señaló. Esa diferencia de calidades respecto a la memoria inicial fueron las que, según Silva, explicarí­an los sobreprecios, que él negó haber cobrado "porque ese tema se trataba directamente en Construcuatro".
Preguntado sobre el importe que solicitaba a los compradores, el representante de la inmobiliaria Silva respondió que "el que fijaba la ley". A continuación añadió un matiz significativo: "A todos los clientes les dije el precio oficial. No obstante les advertí­ que debí­an hablar con Construcuatro porque habí­a mejoras que estaban a la vista cuyo pago debí­an negociar con ellos".
Silva negó hacer recibido ningún sobre con dinero y señaló que eran los responsables de la promotora los que acudí­an a buscarlo a sus oficinas. "Yo no podí­a coger dinero sin firmar", concluye. Esta declaración contrasta con la de varios compradores de los pisos, quienes denunciaron que la promotora y una persona llamada "señor Veiga" ofrecieron camuflar las comisiones facilitando facturas falsas por obras no realizadas.
La juez cita a los clientes de Construcuatro en Navia.
La juez que investiga el cobro de comisiones ilegales por parte de la promotora Construcuatro, en la que el presidente del PP de Pontevedra, Telmo Martí­n, figura como consejero delegado y copropietario, ha llamado a declarar a una treintena de propietarios de viviendas en el edificio Castelao de Vigo. Son los mismos compradores que reconocieron haber pagado sobreprecios de entre 16.000 y 42.000 euros a la promotora -algunos de ellos en su sede en Pontevedra - y a varios intermediarios, según consta en el expediente abierto por la Consellerí­a de Vivenda que ha sido incorporado a las diligencias practicadas por la juez. Los interrogatorios que comenzarán esta semana en el juzgado de instrucción número 2 de Vigo buscan ratificar los testimonios de los clientes que firmaron sus denuncias en la delegación provincial de Vivenda con nombre y apellidos acusando a dos inmobiliarias, Silva y Veiga, de mediar en la compraventa y de exigirles distintas cantidades de dinero negro antes de firmar los contratos. Los representantes de estas agencias por su parte han señalado a Construcuatro como responsable del cobro de las comisiones a cambio de supuestas mejoras en las viviendas.

Video extraido de: agalega

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A pesar de que los pisos ubicados en el polí­gono de San Paio de Navia tienen la calificación de vivienda protegida y por tanto un precio concertado fijado por ley que oscila entre los 104.000 y los 146.000 euros, a los que hay que sumar 21.000 por el garaje y el trastero, algunos de los inquilinos admitieron haber pagado sobreprecios que los responsables del fraude intentaron camuflar a posteriori con facturas falsas por obras no realizadas.
Un fraude millonario
En la reconstrucción de los hechos, un propietario identificó a José Manuel Torres, copropietario junto a Telmo Martí­n y a un tercer socio de Construcuatro, como la persona a la que entregó el sobre con el dinero. Fuentes próximas a la investigación cifran la estafa en más de dos millones de euros, que salen de multiplicar la comisión media, 30.000 euros, por los 83 pisos que Construcuatro vendió en el edificio.
Por este mismo caso, la consellerí­a ha abierto un expediente sancionador que concluyó con una multa a Construcuatro de un millón de euros y la devolución de los importes cobrados indebidamente así­ como la inhabilitación para construir pisos protegidos durante seis años.

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