La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, de la que depende el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), comenzará a investigar a la promotora Rabo de Galo ante la denuncia de varios adjudicatarios por "supuestas prácticas irregulares"en la venta de pisos de protección autonómica (VPA). Fuentes oficiales de la consellería aseguran que ya se están iniciando las diligencias previas, un procedimiento "que puede dar lugar a un expediente sancionador" en el caso de que se detecten ilegalidades.

Los adjudicatarios alertan a la Xunta de "coacciones y presiones" de la empresa a la hora de vender y asignar los pisos, sorteados a través del registro de demandantes el pasado 18 de marzo.

Uno de los denunciantes ya abonó el 20% de la vivienda (el 25 de marzo) y firmó el contrato (el día 29) antes de recibir la carta certificada que la promotora debería enviar a todos a los beneficiarios para informarles del procedimiento a seguir para la adquisición de la vivienda y luego pasarse por la oficina para elegir el apartamento (planta y puerta). Según comenta este adjudicatario en el diario Faro de Vigo: "Después de la publicación de la lista –el 21 de marzo– me trasladé a las instalaciones de la empresa para preguntar cómo era el procedimiento y me dijeron que tenían orden de enviarnos una carta a todos por igual y que no podían ponerse en contacto con nosotros previamente. Allí me preguntaron si me interesaría comprar una segunda plaza de garaje y le contesté que sí. Entonces me dijeron que tendría preferencia para elegir el piso", prosigue. "Días después, como no sabía si podría pagar esa plaza, me empezaron a presionar: que si no la compraba me olvidara de un piso alto y que se rompería el contrato".