La promotora de Telmo Martín cobró sobreprecios en la venta de pisos protegidos.
Varias denuncias constatan que Construcuatro pidió entre 21.000 y 33.000 euros más por vivienda.
El juzgado número 2 de Vigo y la Consellería de Vivenda investigan un presunto fraude cometido por la promotora del portavoz del PP en Pontevedra y ex alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, que según varios compradores cobró sobreprecios que oscilaban entre 21.000 y 33.000 euros por cada vivienda protegida en el barrio vigués de Navia. Las denuncias destapadas por la Cadena SER aluden a la exigencia por parte de un intermediario de la empresa de distintas cantidades "en dinero negro que no debían reflejarse en el documento de compra".
Los escritos presentados en la delegación de Pontevedra de la Consellería de Vivenda revelan que un intermediario de la empresa Construcuatro en la que Telmo Martín, portavoz del PP en Pontevedra posee el 33%, cobró 33.000 euros de sobreprecio a una familia y 21.000 más a un segundo comprador antes de firmar los respectivos contratos de compraventa de dos viviendas de Protección Oficial en el número 25 de la calle Teixugueiras en Vigo. Según consta en las dos denuncias, las cantidades debieron abonarlas los denunciantes "en dinero negro y sin que la entrega constase en ninguno de los documentos que reflejasen la operación". En el último punto de la demanda, las dos familias solicitan que se proceda a la "devolución de las cantidades que fueron cobradas indebidamente" y deciden personarse en los procedimientos que inicie la Consellería para averiguar "si la actividad descrita se ajusta o no a la legislación vigente".
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En ambas querellas, los dos implicados sostienen que la entrega del dinero se produjo en las oficinas que la constructora tiene en la ciudad de Pontevedra y ante la presencia de un intermediario.
Hasta el momento, el juzgado ha llamado a declarar al supuesto mediador de estas negociaciones, un vecino de Vigo que, según los denunciantes, recibió parte de los sobreprecios cobrados por la venta de la vivienda. En su declaración ante el juzgado, este presunto implicado ha negado su participación en esta trama y dice no reconocer su voz en las escuchas telefónicas que le fueron reproducidas.
Captar compradores.
Antonio Salceda sostiene que esta persona era la encargada de captar a los posibles compradores y cerrar las ventas en la oficina de la empresa.
Además de este intermediario, los denunciantes apuntan a dos inmobiliarias que, supuestamente, podrían estar vinculadas con el ofrecimiento de estos pisos para su venta y el cobro de este dinero en negro.La situación vivida por la mayor parte de los perjudicados es similar. Se interesaron por la compra de un piso y, finalmente, debieron abonar -en cuestión de días-, un dinero en negro que no habían previsto, lo que desbarató algunas economías familiares. Antonio Salceda sostiene que muchos casos "son familias normales a las que 30.000 euros supone mucho dinero para sus ingresos". Pero, ante todo, deja claro que no se pueden cobrar sobreprecios por un valor tasado de los pisos por la administración, ya que "las constructoras ya saben a lo que se enfrentan cuando se presentan a este tipo de obras".
Depende de la altura.
En la denuncia interpuesta ante el juzgado, los afectados explican que el sobreprecio de las viviendas variaba en función de la altura del piso. Así, la diferencia podía oscilar entre los 19.000 y los más de 30.000 euros, según confirmó Antonio Salceda.
Desde el pasado mes de agosto el letrado representa los intereses legales de los dos perjudicados que decidieron presentar denuncia en el juzgado de guardia en diciembre de 2006. Pero en los próximos días se entrevistará con más afectados, interesados en sumarse a esta denuncia judicial que se instruye por la vía penal. Una vez personado, solicitará varias diligencias como pruebas caligráficas y de reconocimiento de voz para identificar a las personas que hablan en las escuchas realizadas por la Policía y autorizadas en el juzgado, que ha pedido a Vivenda que aclare la clasificación de las viviendas.
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