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Viernes, 26 Abril 2024

INVESTIGAN A CONSTRUCUATRO POR EL COBRO DE SOBREPRECIOS EN EL PAU.

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La promotora de Telmo Martín cobró sobreprecios en la venta de pisos protegidos.
Varias denuncias constatan que Construcuatro pidió entre 21.000 y 33.000 euros más por vivienda.

El juzgado número 2 de Vigo y la Consellería de Vivenda investigan un presunto fraude cometido por la promotora del portavoz del PP en Pontevedra y ex alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, que según varios compradores cobró sobreprecios que oscilaban entre 21.000 y 33.000 euros por cada vivienda protegida en el barrio vigués de Navia. Las denuncias destapadas por la Cadena SER aluden a la exigencia por parte de un intermediario de la empresa de distintas cantidades "en dinero negro que no debían reflejarse en el documento de compra".
Los escritos presentados en la delegación de Pontevedra de la Consellería de Vivenda revelan que un intermediario de la empresa Construcuatro en la que Telmo Martín, portavoz del PP en Pontevedra posee el 33%, cobró 33.000 euros de sobreprecio a una familia y 21.000 más a un segundo comprador antes de firmar los respectivos contratos de compraventa de dos viviendas de Protección Oficial en el número 25 de la calle Teixugueiras en Vigo. Según consta en las dos denuncias, las cantidades debi­eron abonarlas los denunciantes "en dinero negro y sin que la entrega constase en ninguno de los documentos que reflejasen la operación". En el último punto de la demanda, las dos familias solicitan que se proceda a la "devolución de las cantidades que fueron cobradas indebidamente" y deciden personarse en los procedimientos que inicie la Consellería para averiguar "si la actividad descrita se ajusta o no a la legislación vigente".

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VIVIENDA ADJUDICA EN FIRME LAS PARCELAS A EDUARDO CHAO.

1 La Consellería de Vivenda ha adjudicado de manera definitiva a la cooperativa vecinal "Eduardo Chao" las dos parcelas en el polígono de Navia donde se podrán levantar 192 viviendas de protección oficial. La resolución de la consellería permite el inicio inmediato de las obras, adjudicadas a la constructora "Cuadernas y Arcos" y con una duración aproximada de veinte meses. Las dos parcelas suman una superficie total de 2.000 metros cuadrados y se adjudicaron como una unidad indivisible por un importe total de 6.713, 167 euros, casi 1.120 millones de pesetas.
En ellas se levantarán dos bloques de 12 plantas en altura con 16 viviendas en cada una, lo que da un total de 144 viviendas de 90 metros cuadrados y 48 de 70. El edificio incluirá además trasteros y 192 plazas de garaje más 33 no vinculadas a vivienda. Los precios oscilarán entre 99.900 y 115.104 euros.
La principal novedad de la promoción consiste en dos pisos-residencia destinados a mayores y que serán atendidos por una empresa de servicios que se radicará en un bajo de la urbanización La presidenta de la federación vecinal, Elena González, manifestó en su momento que esa propuesta, denominada "Vive e convive: hogares para la convivencia" había sido uno de los elementos determinantes para que la consellería de Vivenda se hubiera decantado por su proyecto "que además es muy bueno y novedoso".
Se trata de dos viviendas de 90 metros cuadrados unidas, equipadas y destinadas a mayores de 65 años que vivan solos y carezcan de vivienda en propiedad. Los beneficiarios tendrán que abonar una parte de los gastos que se generen en la vivienda en concepto de servicios recibidos, La cantidad dependerá de su situación económica.
Adjudicación provisional.
La adjudicación provisional se produjo a finales de diciembre del año pasado y los adjudicatarios dispusieron de un plazo de ocho meses para presentar copia de la licencia municipal de obras y para solicitar la declaración provisional como viviendas VPA para que la resolución pasase a ser definitiva.
El jurado valoró las propuestas presentadas en base a la calidad arquitectónica, el anteproyecto de las viviendas y de su entorno así­ como el carácter innovador de las soluciones constructivas, referidas especialmente a la sostenibilidad y al cumplimiento del nuevo Código Técnico de la Edificación. Se valoró también la viabilidad de la promoción el estudio económico y financiero, los medios técnicos y profesionales y el precio final de la vivienda.
En su momento se presentaron recursos por parte de otras cooperativas interesadas en las citadas parcela pero fueron desestimados por parte de la administración.
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UN JUEZ INVESTIGA UN SUPUESTO CASO DE COBRO DE DINERO NEGRO.

1 Un juez investiga el supuesto cobro de sobreprecios por el método de dinero "B" por la venta de pisos en el PAU de Navia.
Dos vecinos presentaron sendas denuncias del presunto pago de 20.000 y 30.000 euros a mayores del precio tasado del piso.
Un juzgado de instrucción de Vigo investiga el supuesto cobro ilícito de sobreprecios relacionado con la venta de pisos de protección oficial en uno de los edificios del polígono residencial de Navia. Las denuncias fueron presentadas por dos vecinos afectados por el supuesto pago de dinero negro a la constructora o a un intermediario en la compra de las citadas viviendas, de precio tasado. La Delegación Provincial de Vivenda conoce la situación y está a la espera de que los afectados presenten una queja formal para abrir una investigación.
Fuentes próximas a la causa penal abierta, confirmaron que la denuncia fue presentada por el cobro de cantidades a mayores del precio oficial fijado por la administración para cada una de las viviendas el edificio. El precio de venta al público era de unos 138.000 euros por piso, pero en las denuncias constan diversas cantidades que presuntamente le fueron reclamadas a los propietarios para finalizar la operación. Los sobreprecios oscilaban entre los 20.000 y los 30.000 euros, aunque fuentes próximas a la investigación sostienen que, supuestamente, la constructora pudo haber reclamado cantidades más elevadas en otros casos.
La gravedad de lo denunciado por estos vecinos ha llevado al juzgado a decretar el secreto de sumario de la causa durante varias semanas. Finalmente fue levantado, y se ha podido conocer que la empresa constructora ha negado todas las imputaciones que se le atribuyen en las denuncias.
Expediente paralizado
Mientras continúa abierto el procedimiento judicial -que finalizará en sentencia o en archivo-, la administración autonómica debe paralizar toda la investigación que haya iniciado sobre este caso por exigencia legal. Una vez que exista resolución por parte del juzgado, será la Consellería de Vivenda la que pueda tomar cartas en el asunto y dirimir responsabilidades, si finalmente se considera probado lo denunciado por estos afectados.
El anterior caso de sobreprecios denunciado en Navia fue el relacionado con la sociedad inmobiliaria Vigolar, pero en aquella ocasión no se abrió ninguna causa judicial, si no que la investigación se realizó por vía administrativa, y finalmente se cerró con una propuesta de sanción al empresario por valor de 3,6 millones de euros.
En el presente caso, la causa judicial podría instruirse, cuando menos, por un supuesto delito de defraudación a la hacienda pública ya que las personas o entidades que hicieron estos supuestos cobros ilegales no lo declararon a la Agencia Tributaria.
Paralelamente, la administración autonómica podrá abrir un expediente de investigación, si bien no le podrá dar curso hasta que se haya cerrado la vía judicial.
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OCHO PROPIETARIOS MÁS DENUNCIAN SOBREPRECIOS.

1 Noticia extraida del Faro de Vigo:
Ya son una decena de afectados dispuestos a denunciar en el juzgado el supuesto cobro de sobreprecios por parte de una constructora en uno de los edificios de protección autonómica que se han construido en el polígono residencial de Navia. A las dos denuncias presentadas en diciembre de 2006 en el Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo, se sumarán ocho nuevas con el propósito de recuperar "el dinero pagado en negro y de descubrir esta trama ilegal". Según el representante legal de parte de los afectados, el abogado Antonio Salceda, en esta decena de casos se habrían cobrado alrededor de 200.000 euros en sobreprecios.
Tras las dos denuncias presentadas en diciembre y después de diez meses de instrucción, el juzgado dispone de unas escuchas telefónicas realizadas por la Policía en las que, supuestamente, se recoge una transacción de venta con el cobro de estos sobreprecios, que según los casos podía oscilar entre los 19.000 y los 30.000 euros.


En ambas querellas, los dos implicados sostienen que la entrega del dinero se produjo en las oficinas que la constructora tiene en la ciudad de Pontevedra y ante la presencia de un intermediario.
Hasta el momento, el juzgado ha llamado a declarar al supuesto mediador de estas negociaciones, un vecino de Vigo que, según los denunciantes, recibió parte de los sobreprecios cobrados por la venta de la vivienda. En su declaración ante el juzgado, este presunto implicado ha negado su participación en esta trama y dice no reconocer su voz en las escuchas telefónicas que le fueron reproducidas.
Captar compradores.
Antonio Salceda sostiene que esta persona era la encargada de captar a los posibles compradores y cerrar las ventas en la oficina de la empresa.
Además de este intermediario, los denunciantes apuntan a dos inmobiliarias que, supuestamente, podrían estar vinculadas con el ofrecimiento de estos pisos para su venta y el cobro de este dinero en negro.La situación vivida por la mayor parte de los perjudicados es similar. Se interesaron por la compra de un piso y, finalmente, debieron abonar -en cuestión de días-, un dinero en negro que no habían previsto, lo que desbarató algunas economías familiares. Antonio Salceda sostiene que muchos casos "son familias normales a las que 30.000 euros supone mucho dinero para sus ingresos". Pero, ante todo, deja claro que no se pueden cobrar sobreprecios por un valor tasado de los pisos por la administración, ya que "las constructoras ya saben a lo que se enfrentan cuando se presentan a este tipo de obras".
Depende de la altura.
En la denuncia interpuesta ante el juzgado, los afectados explican que el sobreprecio de las viviendas variaba en función de la altura del piso. Así­, la diferencia podía oscilar entre los 19.000 y los más de 30.000 euros, según confirmó Antonio Salceda.
Desde el pasado mes de agosto el letrado representa los intereses legales de los dos perjudicados que decidieron presentar denuncia en el juzgado de guardia en diciembre de 2006. Pero en los próximos días se entrevistará con más afectados, interesados en sumarse a esta denuncia judicial que se instruye por la vía penal. Una vez personado, solicitará varias diligencias como pruebas caligráficas y de reconocimiento de voz para identificar a las personas que hablan en las escuchas realizadas por la Policía y autorizadas en el juzgado, que ha pedido a Vivenda que aclare la clasificación de las viviendas.

Video extraido de: agalega

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VIVIENDA ADOPTA MEDIDAS PARA EVITAR LA ESPECULACION EN NAVIA.

1 Endurece los requisitos de la oferta pública para la adquisición de suelo
La consellería se hará con 260.000 metros mediante compra, permuta o expropiación Navia recibirá el espaldarazo definitivo con la adquisición de 260.000 metros cuadrados por parte de la Consellería de Vivenda, con los que quedará prácticamente rematada la nueva urbanización.
En los próximos días saldrá a la luz la oferta pública para la adquisición de suelo, como ya se hizo con anterioridad. La única diferencia es que ahora los requisitos se endurecerán y serán más rigurosos para evitar que se especule con el suelo y que las parcelas permanezcan sin construir. Esto último fue precisamente lo que sucedió en la primera etapa, lo que obligó a la consellería a intervenir para desatascar la situación.
La oferta cifra la compra de suelo en 113,51 euros el metro cuadrado.

El departamento que dirige la nacionalista Teresa Táboas también ofrece a los propietarios de terreno la posibilidad de permutar ese suelo por edificabilidad. En ese caso permite construir al particular siempre que reúna las condiciones exigidas al demandante de vivienda protegida. Incluso, al margen de su vivienda, que deberá contar con los 90 metros cuadrados establecidos, si le sobra suelo, podrá vender el resto a terceros (particular o cooperativa) siempre que también reúnan las condiciones para acceder a este tipo de pisos de protección y al precio fijado por la consellería (198 euros el metro cuadrado de superficie edificable). Nunca se podrá vender a una promotora o constructora. De esta forma se evitan casos de sobreprecios, como los registrados, y que las viviendas recaigan en personas que no lo necesitan.
Las permutas sólo podrán hacerse con propietarios que hayan adquirido el suelo antes del primero de junio.
Una vez formalizada la escritura pública de la permuta, el plazo para solicitar la licencia de edificación es de cuatro meses. La construcción deberá iniciarse en tres meses, tras obtener la licencia municipal de obra. En caso de incumplir alguno de los requisitos, automáticamente se rescindirá el contrato de permuta.
La tercera de las posibilidades que tiene la Consellería de Vivenda para hacerse con suelo, si falla la compra o la permuta, es a través de la expropiación. En este caso, el precio fijado es de 100,55 euros el metro cuadrado.
Conclusión
La idea de Teresa Táboas es concluir la adquisición de los 260.000 metros cuadrados en este tercer trimestre del año, para, ya en el último, proceder a licitar la urbanización. Con esta actuación concluirán la tercera etapa B, la cuarta, quinta y sexta del Plan Parcial de Navia, aprobado en 1996.
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