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Domingo, 19 Mayo 2024

UGT, CCOO, VITRASA Y NOVA NAVIA PIDEN UNA REVISION DEL CONCURSO.

Cuatro cooperativas que optaban a las parcelas que sacó a concurso la Xunta para construir 192 viviendas de protección oficial en Navia han solicitado a la Consellería de Vivenda e Solo la revisión del proceso de adjudicación a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Vigo. Se trata de las sociedades promotoras de los sindicatos UGT y CC.OO. (Vitra), los trabajadores de Vitrasa y Nova Navia.
De momento, las cooperativas de UGT, Vitrasa y Nova Navia, que han denunciado irregularidades y un claro favoritismo con el proyecto de la Federación Vecinal, han avanzado su disposición a llegar hasta los tribunales si hace falta. Tienen de plazo hasta el 8 de marzo para presentar un recurso de reposición. Luego tendrían que emprender un contencioso-administrativo.
Veto
Ayer salieron a la palestra los trabajadores de Vitrasa. La junta rectora aseguró que algunos de sus cooperativistas venían escuchando desde el día 12 filtraciones de que los pisos ya estaban adjudicados de antemano. Tras obtener copia de las actas de la mesa de contratación, aseguran que es «abraiante» la falta de justificación a la hora de puntuar algunos aspectos claves, así­ como la falta de rigor del proceso.
Los representantes de la cooperativa de la plantilla de Vitrasa tuvieron que improvisar ayer una rueda de prensa en el local de Nova Navia. La Asociación de Vecinos Val do Fragoso, que se había comprometido a dejarle sus instalaciones a las 12.00 horas, les comunicó con sólo 75 minutos de antelación que no les iba a facilitar el acceso a las instalaciones. En la compañía de transporte sospechan que se les vetó por presiones directas de la Federación Eduardo Chao.
Auditorías
El consejo rector de la cooperativa Nova Navia, por su parte, anunció ayer que ha solicitado por registro la expulsión de la cooperativa de la Federación. Aducen que incumple la Ley de Cooperativas de Galicia por, entre otras razones, no haberse sometido a auditorías externas de sus cuentas entre el 2001 y el 2006. Exigen que se pronuncie el Consello Galego de Cooperativas. «No es lógico que mientras los socios de unas cooperativas se gastan miles de euros en pagar auditores, abogados o intereses bancarios, otros se los ahorren hasta última hora.
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