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La consellería asegura que no hay documentación escrita sobre el aumento del coste ni sobre los cambios experimentados en el proyecto durante el anterior mandato.
Los técnicos de la Consellería de Vivenda estudian los términos legales por los que se podrán exigir responsabilidades a la anterior Xunta por el desfase detectado en la construcción de la zona verde de la urbanización de Navia.
La decisión del departamento que dirige Agustín Hernández se basa en los informes aportados por Xestur, según los cuales no consta documentación escrita alguna sobre la autorización del aumento del coste de las obras ni sobre los cambios experimentados en el proyecto con respecto al que sirvió de base para la adjudicación. Un aumento de presupuesto que ha sido cifrado por los técnicos de la consellería en un 80 por ciento sobre el precio de la mencionada adjudicación.
Las obras de la zona verde de Navia fueron adjudicadas por la anterior consellería en el año 2007, por un importe de 4,9 millones de euros. Esa cantidad suponía una baja con respecto al precio de licitación de un 21,2 por ciento. Con posterioridad se autorizó un reformado de 800.000 euros. Ahora, la empresa reclama un nuevo modificado por un importe de casi 3 millones de euros, por las obras realizadas a mayores.
Fuentes de la consellería indicaron que "la empresa constructora no ha podido presentar aún ninguna documentación que avale la autorización de ese sobrecoste ni tampoco de los cambios de diseño operados en el proyecto que fueron aprobados por el anterior bipartito". Las modificaciones no fueron aprobadas, según la consellería, ni por Xestur Pontevedra ni por el Instituto Galego de Vivenda e Solo, ya que en ninguno de los dos organismos consta documentación alguna al respecto.
Por ese motivo, y una vez reciba los papeles de la empresa, Vivenda los analizará y pedirá responsabilidades a "los agentes que intervinieron en el proceso", según el mismo portavoz. Mientras, las obras no podrán concluir.
La Xunta se compromete a completar el polígono de Navia, pero se ve incapaz de poner fecha a la construcción de las 800 viviendas protegidas previstas en las últimas fases del PAU debido a la falta de financiación. “El agujero económico detectado en el Instituto Galego de Vivienda e Solo nos obligará a revisar todos los proyectos previstos en Galicia”, lo que a corto plazo hace inviable el desarrollo de las fases 3-B, 4, 5 y 6, las últimas del barrio, donde incluso faltan por adquirir los últimos terrenos.
También sin fecha por ahora continúan las algo más de 600 viviendas de protección oficial que están actualmente en construcción y que ejecutan promotores privados. En el primer caso, el problema es fundamentalmente económico, aseguran desde el departamento que dirige Agustín Hernández, que debe hacerse cargo de la urbanización del suelo que luego entregará a las constructoras para levantar las últimas viviendas del barrio. Mientras que en el segundo grupo de pisos, de precio tasado, el Gobierno gallego afirma no tener competencias para fijar plazos, pues “estos dependen de los promotores, por lo que su salida a concurso carece de plazo oficial”, matizan. Por ahora, los únicos con final más o menos claro son los 384 pisos que Vivenda prevé finalizar a final de año, 343 de los cuales fueron sorteados el pasado 17 de julio.
El Ayuntamiento de Vigo ha hecho oficial las nuevas categorías de todas las calles de la ciudad. En lo que respecta al PAU de Navia, su calle principal (Calle As Teixugueiras) ha sufrido una profunda restructuración urbanística, aumentando su categoría y ganando importancia en el rueiro de Vigo.
Hasta la fecha, Teixugueiras mantenía en el Ayuntamiento la 6º categoría (baremo de 1 a 6), lo que suponía el más bajo escalafón a la altura de otras calles del rural sin aceras ni servicios. Estaba claro que a la hora de realizar una intervención en la calle su prioridad era mínima.
A partir de este 2009 Teixugueiras tendrá categoría 4. En principio una buena noticia para el barrio pues comienza esta calle ya a contar para el Ayuntamiento destinando algunas partidas presupuestarias para su mejora y mantenimiento.
Pero ojo, que en el fondo de esta decisión puede encontrarse un motivo económico.
Considera que el Rexistro Único de Demandantes que funciona ahora es farragoso.
El actual mecanismo para acceder a la compra o alquiler de una vivienda de protección a través del Rexistro Único de Demandantes de Vivenda Protexida es "lento y farragoso" para los actuales responsables del IGVS y por eso a partir de septiembre pretenden poner en marcha un nuevo procedimiento que sea "más rápido y sencillo".
El Instituto reconoce el mérito del sistema actualmente en vigor, creado para hacer "ágil y transparente la adjudicación de las viviendas de protección oficial" según se manifestó en su momento, y asegura que no lo va a eliminar, "pero hay que reformularlo para darle más agilidad a la adjudicación de viviendas. Hubo procedimientos que tardaron más de dos años en resolverse y eso es contraproducente porque no se le da salida a las viviendas y perjudica también a los demandantes, que lo que desean es que se la entreguen cuanto antes", aducen.
Entre las carencias que le achacan al actual Rexistro Único se encuentra que entre los criterios de inscripción no se recoge la capacidad real del demandante para adquirir una vivienda y que pueda acceder al mercado hipotecario, lo que hace que en ocasiones se tenga que repetir el proceso de adjudicación varias veces y con distintos destinatarios.
Desde el IGVS se asegura que "quienes figuran como demandantes de vivienda van a seguir, sea cual sea el nombre que se dará a la nueva lista, pero se trata de ver qué sentido se le da".
Seis mil vigueses.
Se estima que este cambio puede afectar a cerca de seis mil vigueses que aspiran a una vivienda protegida y que suponen el 60% del total de los demandantes registrados en toda Galicia.
Entre las adjudicaciones pendientes de resolución, los 384 pisos de Navia, en compra o alquiler casi a partes iguales y de dos a cuatro dormitorios, que constituyen la mayor promoción de VPO de toda Galicia. En el caso de las adjudicaciones en régimen de alquiler, la vigencia del contrato será por cinco años prorrogables y con un importe establecido en seis euros el metro cuadrado.
Los ingresos económicos serán un elemento clave para la adjudicación.